El derecho de asilo de los menores no acompañados

29/04/2019 - 12:43

Redacció

Acogida. Una parte de los menores extranjeros no acompañados son solicitantes de protección internacional. ¿Siguen los mismos itinerarios de acogida que el resto?

Son muy vulnerables. La realidad de los y las jóvenes que han cruzado nuestras fronteras sin el acompañamiento de un adulto es muy dura. Sin ningún referente familiar, sin dinero. Son atendidos en centros de acogida como inmigrantes menores por las administraciones autonómicas competentes y, en algunos casos, siguen un itinerario paralelo como demandantes de protección internacional, si han sufrido persecuciones o han sido objeto de tráfico con fines de explotación en su país de origen, durante el trayecto o aquí, cuando ya están en Europa. Sin embargo, este itinerario no está exento de impedimentos e incertidumbre por el hecho de ser menores.

Los menores extranjeros no acompañados (MENA) han sido protagonistas de muchas noticias en los últimos meses, primero por el incremento del número de llegadas a Cataluña, entre otras razones por el cierre de las fronteras italianas, pero, desgraciadamente, también por la reacción de determinados grupos vecinales que han amenazado la acogida de estos menores.

Entre ellos, se multiplican las historias de jóvenes que han dejado su país en busca de un lugar con un mejor futuro laboral, como es el caso del grupo más numeroso, de nacionalidad marroquí, pero también encontramos casos de menores que han huido de persecuciones y situaciones de explotación sexual o laboral y que han llegado a Europa a través de redes para ser explotados sexualmente, laboralmente o con otros fines. Son los menores susceptibles de solicitar protección internacional.

Detección de los jóvenes que podrían acogerse al derecho de asilo

Anna Figueras, responsable jurídica de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), una de las entidades que se ocupan de tramitar las solicitudes de protección internacional de estos jóvenes, nos cuenta: “Los y las menores llegan de dos maneras: por la puerta de la propia CCAR y desde los centros de acogida, donde ya se encuentran bajo la tutela del organismo de la Generalitat que tiene esta competencia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).”

“Si por su situación se considera que pueden requerir protección internacional, se inicia el proceso de demanda de asilo”

“En el caso de los y las menores que viven en la calle en Barcelona y que llegan a la oficina de la CCAR por haber oído hablar de la entidad, los derivamos a los educadores de calle, figura que solo existe en Barcelona y que los acompaña en el trámite con la fiscalía para determinar si son menores. Si se resuelve que lo son, entran en el itinerario de tutela de la DGAIA. Paralelamente, si la CCAR considera que su situación puede requerir protección internacional, se inicia el proceso de demanda de asilo”, sigue explicando Figueras.

Con respecto a los y las jóvenes que están en los centros de acogida y que podrían ser solicitantes de protección internacional, el trabajo en red con las personas profesionales que los atienden es lo que permite su detección. Entonces se empieza también un trabajo con el o la menor para que pueda decidir si presenta la solicitud de protección internacional. Es el caso, por ejemplo, de la detección de posibles casos de explotación sexual, en los que intervienen entidades como SICAR, para hacerles un acompañamiento, no solo jurídico, sino también social y psicológico.

“La reparación y la no devolución son las principales ventajas de la solicitud de asilo en menores”

Laura Castro, una de las abogadas de SICAR, nos describe una situación que se repite en muchos de los casos: “Las redes de tráfico captan a chicas (y también a algunos chicos) ya en situación de vulnerabilidad o de explotación en origen, y las llevan aquí para ser explotadas sexualmente. En el aeropuerto, una de las puertas de entrada habitual, las menores son abandonadas por quien las acompañaba y acaban en los centros de acogida.”

Una vez allí, vuelven a contactar con ellas y, si estos contactos no se interceptan a tiempo, vuelven a caer en las redes de explotación. Durante el 2018, SICAR atendió a trece casos de menores no acompañados que presentaron la solicitud de protección internacional por tráfico de seres humanos.

Solicitudes de protección internacional para personas menores de edad

Tanto Anna, de CCAR, como Laura, de SICAR, coinciden en que las principales ventajas que les puede comportar la solicitud de protección son, por un lado, la “reparación” y, por el otro, la no devolución.

La “reparación” a la que se refieren es el proceso mediante el cual las personas que han sufrido violencias, falta de techo o abandono o que incluso han sido vendidas por sus propias familias pueden empezar a recuperarse. Hablamos de procesos de atención psicológica y social gracias a los cuales estos y estas menores empiezan a recobrar la dignidad como personas que se les ha negado hasta el momento.

La resolución de las solicitudes se tendría que producir en un máximo de tres meses, pero nunca es así

La solicitud de asilo también permite garantizar al menor o a la menor el derecho de no contactar con su familia de origen si no quieren, porque en algunos casos son la fuente de las agresiones sufridas (mutilaciones genitales, trabajo forzoso y otros).

Trabas y retrasos en el camino

Una de las trabas que parece resuelta es que, para poder tramitar la solicitud de protección internacional, la policía estatal requería la autorización del tutor del chico o chica, aunque en realidad no era un requisito contemplado en ninguna parte. Por este motivo, la CCAR presentó una queja al defensor del pueblo, y se ha conseguido que ahora mismo se puedan empezar los trámites de solicitud de protección internacional sin la autorización de ningún tutor.

Sin embargo, quedan otros aspectos por resolver. Uno de los más importantes es que las solicitudes de protección internacional que han sido admitidas a trámite se tendrían que resolver por la instrucción de urgencia, ya que se trata de menores. Eso quiere decir que se tendría que producir en un máximo de tres meses. No obstante, según nos explican las abogadas de las dos organizaciones mencionadas, nunca es así, y las resoluciones pueden llegar a resolverse al cabo de más de un año. A menudo este es el motivo por el cual la resolución llega cuando los y las jóvenes ya tienen más de 18 años.

Y con la mayoría de edad, ¿qué?

Efectivamente, muchos de los menores que inician la solicitud son mayores de edad cuando llega la resolución. Si se les concede el estatuto de refugiado, están en condiciones de trabajar, pero en la mayoría de los casos se les deniega el estatuto y pasan a una situación irregular, sin posibilidad de trabajar y de ser autónomos. Eso ocurre porque el permiso de residencia que les otorga la tutela de la Administración cuando son menores no lleva asociado el permiso de trabajo. Es posible, pues, que incluso acaben en un centro de internamiento de extranjeros (CIE).

Las organizaciones que trabajan con estos colectivos de menores sin referentes parentales tienen que hacer frente, pues, a todos estos problemas a la hora de intentar minimizar el sufrimiento de los y las jóvenes y maximizar la probabilidad de que estos jóvenes puedan tener una vida digna en nuestro país.

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