“El racismo nos encierra”, nuevas protestas por los derechos de las personas inmigradas y refugiadas

02/05/2018 - 18:03

Redacció

Ley de Extranjería. Reclaman cambios en la Ley de Extranjería y medidas más flexibles para obtener la residencia y evitar estar abocadas a la irregularidad.

El 21 de abril un grupo de personas inmigradas y refugiadas iniciaron un encierro indefinido en la antigua Escuela Massana de Barcelona para denunciar la indefensión y la violencia racista que sufren y reivindicar más y mejores derechos.

Los diferentes colectivos a los cuales pertenecen las personas que llevan a cabo esta protesta han estado movilizándose desde hace meses —recordamos también el encierro del mes de diciembre en la iglesia de Santa Anna—, por no decir años, pidiendo negociaciones con las diferentes administraciones, principalmente con el Gobierno español, que es quien tiene la mayoría de competencias en extranjería. Ante la imposibilidad de diálogo, los colectivos de personas inmigradas y refugiadas decidieron en asamblea llevar a cabo el encierro en protesta por la grave situación que sufren.

Entre otras peticiones, piden que se regularice a las personas inmigradas sin trabajo, que se faciliten los trámites de nacionalización sin tener que realizar exámenes y que se mejore la acogida de los refugiados que llegan a Cataluña.

Durante los últimos días, el movimiento en favor del encierro ha organizado diferentes actos, como la manifestación que recorrió las calles del Raval el 28 de abril, con el objetivo de visibilizar las reivindicaciones del colectivo. Con esta manifestación, la ciudadanía pudo conocer de primera mano las situaciones en muchos casos surrealistas en las que se encuentran estas personas, escenificando preguntas del examen que tienen que hacer para obtener la nacionalidad como, por ejemplo, responder cuál es la profesión de Enrique Iglesias.

Una de las reivindicaciones más sencillas y al mismo tiempo más importantes es la que se refiere al acceso a los trámites de obtención de la tarjeta de residencia o la solicitud de reagrupación familiar: las famosas citas previas. Es muy difícil obtener una en un plazo corto a causa del colapso por la falta de personal, y provocan situaciones de desamparo y desesperación que incluso acaban llevando a estas personas a comprar citas en gestorías que hacen con estas trafico ilegal.

Por otro lado, parece que la atención en las oficinas de extranjería no siempre es digna y humana, según las quejas de estos colectivos, que llegan a hablar de “racismo institucional”.

Otro eje de las demandas es la flexibilización del requisito laboral de la Ley de Extranjería, que exige un contrato de trabajo de un año como mínimo y 40 horas semanales, para poder acceder a un NIE. Denuncian que es un requisito que, si para la misma población española sería muy exigente dado el precario estado actual del mercado de trabajo, para las personas inmigradas es casi imposible.

Empadronamiento sin restricciones

Aparte de las reivindicaciones mencionadas, los colectivos que han impulsado el encierro también piden que se elimine el examen para obtener la nacionalidad; se facilite el empadronamiento sin restricciones y garantizado; la sanidad universal para todo el mundo, con o sin papeles, y la reducción de las exigencias para la reagrupación en el caso de las personas refugiadas.

También se reclama que se creen medidas específicas para prevenir la violencia machista hacia las mujeres migradas, y una larga lista hasta la regularización extraordinaria de las personas residentes sin papeles o la derogación entera de la Ley de Extranjería, que, según ha explicado una de las portavoces, “ha cambiado cinco veces y cada vez ha ido a peor”. Con respecto a la demanda de la despenalización de la venta ambulante, hay que tener en cuenta que actualmente esta se sanciona con expedientes administrativos.

El Ayuntamiento de Barcelona comparte la necesidad de modificar la Ley de Extranjería con el fin de favorecer la regularización de las personas inmigradas en situación irregular y facilitar la inclusión social para que puedan ser vecinos y vecinas de pleno derecho. La comisionada de Inmigración, Lola López, después de reunirse con los colectivos, ha confirmado que el Consistorio da apoyo político a sus demandas y se compromete a tomar las medidas que sean de su competencia, como seguir facilitando el empadronamiento. En este sentido, en los últimos dos años Barcelona ha desarrollado políticas activas de empadronamiento y ha mejorado así el circuito de inscripción en el padrón —tanto de las personas sin domicilio fijo como de las que no pueden acreditar el alquiler de una vivienda— ofreciendo información a los ciudadanos en las diferentes lenguas de origen. En esta modalidad de empadronamiento sin domicilio fijo ya se han registrado 8.000 personas.

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