Amordazados

27/10/2017 - 11:33

Redacció

Refugio. Centenares de escritores y periodistas son perseguidos por todo el mundo por sus escritos. Algunos se ven forzados a abandonar sus países de origen y buscar protección en el exterior.

Centenares de escritores y periodistas son perseguidos por todo el mundo por sus escritos. Muchos son intimidados, asediados, amenazados o detenidos. Algunos se ven forzados a abandonar sus países de origen y buscar protección en el exterior. Algunos son asesinados. Ante esta situación, la ONU celebra cada 2 de noviembre, desde hace cuatro años, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas. A su vez, el PEN Internacional conmemora cada 15 de noviembre el Día del Escritor en Prisión. Iniciada en 1981, esta jornada pretende dar visibilidad y apoyo a todas las víctimas de la represión de la libertad de expresión.

Los diversos informes sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo ponen de relieve que es un derecho muy amenazado y que la represión afecta a un montón de víctimas en muchos países del planeta. Las formas de violencia que sufren periodistas y escritores para amordazarlos y silenciarlos son muchas, como despidos y cierres de medios, amenazas, arrestos arbitrarios, largas detenciones sin juicio e imputación de delitos fabricados hasta la muerte o la desaparición.

Forzarlos al exilio, alertan los expertos, es una táctica represiva que utilizan cada vez más los gobiernos autoritarios. La escritora y traductora Carme Arenas, presidenta del PEN Catalán desde el año 2010, explica que las formas de represión se han sofisticado con los años.

“Hoy día hay muchas otras amenazas además de la prisión. Hay formas de persecución más alambicadas, como acusarlos de difamación por lo que escriben en internet. También creo que hemos pasado de ejercer la censura a promover la autocensura, incluso en países que se dicen democráticos, como este,” denuncia.

La mayor prisión del mundo

Desde el año 1992, según lo ha documentado el Comité de Protección de los Periodistas, un total de 1.258 informadores han muerto durante el ejercicio de su trabajo. De estos profesionales, 810 fueron asesinados, principalmente, y por este orden, en Irak, Filipinas, Argelia, Somalia, Colombia, México, Rusia, Brasil y Pakistán. La mayoría cubría asuntos políticos y de corrupción, seguidos de conflictos armados y de información relativa a la criminalidad y a los derechos humanos. Desde principio del 2017 han fallecido 30 periodistas, 10 de los cuales han sido asesinados. Casi la mitad, 4 personas, en México.

Si México es actualmente el país más letal para el ejercicio de la libertad de expresión y de información, Turquía se ha convertido desde el año pasado en el país donde hay más periodistas aprisionados. Hay tantos que incluso supera el récord de China y Eritrea sumadas, dos de los países que encabezan la lista negra de Reporteros Sin Fronteras con respecto a la libertad de prensa.

“En los cerca de cien años de historia del PEN Internacional nunca habíamos registrado que hubiera tantos escritores en la prisión en un solo país y en el mismo momento”, denunció esta organización mediante un comunicado en julio.

El foco se ha puesto en Turquía sobre todo desde el intento fallido de golpe de estado militar contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, que tuvo lugar el 15 de julio de 2016. La situación era difícil antes, pero se ha agravado. Turquía encabezó el año pasado el ranquin de países donde se ha arrestado a más periodistas: un total de 225, según el Comité de Protección de los Periodistas, que describe el país como la mayor prisión de informadores del mundo.

La situación es tan grave que Amnistía Internacional le dedicó en mayo un informe, “El periodismo no es un crimen”, para alertar del riesgo que sufren los escritores, periodistas y académicos que critican al Gobierno. Según sus datos, al menos 156 medios han sido cerrados desde julio del 2016, en torno a 2.500 periodistas y trabajadores han perdido el trabajo y se ha revocado la acreditación a 778 informadores.

“La severidad de la represión de los medios llega a tal punto que algunos lo han descrito como ‘la muerte del periodismo’”, afirma el informe.

La organización de defensa de los derechos humanos denuncia que las autoridades de Ankara utilizan la legislación antiterrorista para perseguir a los informadores. El blanco de la represión son, especialmente, la prensa laica, los periodistas que se centran en la cuestión kurda y a los cuales acusa de dar apoyo al clérigo Fethullah Gülen, antiguo aliado del Gobierno y ahora acusado de estar detrás de la insurrección contra Erdogan.

Abuso de la Interpol

Pero los escritores y periodistas no solo están amenazados dentro de Turquía. También lo están más allá de sus fronteras, aunque hayan huido del país y hayan encontrado protección en el exterior. Eso lo puso de relieve este verano el caso de Hamza Yalçin, que fue hecho preso durante 56 días en el centro penitenciario de Can Brians, en Barcelona, después de que las autoridades españolas respondieran a una alerta roja (orden de investigación, captura y extradición) cursada por Turquía a través de la Interpol.

A finales de septiembre, Yalçin pudo volver a Suecia una vez el Gobierno español decidió no extraditarlo gracias a su condición de refugiado.

“Hamza Yalçin es refugiado, pero no es solo eso, esto es más grave todavía. Hamza es ciudadano sueco, ciudadano europeo. Esta fue la primera gran vulneración de derechos”, se escandaliza Arenas, que ayudó al escritor sueco de origen turco, miembro del Pen, junto con los abogados de Alerta Solidaria, desde que se enteró de su detención en el aeropuerto del Prat el día 3 de agosto.

Muchos años después de pisar por última vez su país de origen, de donde huyó después de haber sido sentenciado a prisión por vida, Yalçin fue acusado de haber difamado al presidente Erdogan con sus escritos. Como otros escritores y periodistas de origen turco exiliados, estaba seguro en Europa hasta el momento en que la Interpol cambió el sistema por el cual filtraba las llamadas alertas rojas, que ahora distribuye a los 190 países miembros sin supervisión previa. Son los mismos países quienes tienen que decidir en cada caso concreto si la aplican y hacen caso, o no la siguen.

“Estas alertas rojas son una vía que tienen los dictadores para llegar a las voces disidentes que tienen en el exterior. Los estados saben que no tienen garantía, y no hacen caso de estas, pero nuestras autoridades lo detuvieron. Eso nos preocupa. España es un país amigo de Turquía y hay muchos negocios y connivencias”, sostiene Arenas.

Arenas no es la única que denuncia el uso abusivo que los países más represores hacen de la Interpol para extender sus tentáculos por todo el mundo. Los datos lo demuestran: mientras que en el año 2002 solo se emitieron 1.277 alertas rojas, el año pasado se llegó a las 10.718. La organización Fair Trials, con base en Londres, lucha desde hace tiempo por conseguir que la Organización Internacional de Policía Criminal cambie el funcionamiento y garantice que estas órdenes de investigación y captura no se utilicen para reprimir a los disidentes refugiados por todo el mundo. Entre los países que abusan de estas, según sus datos, no está únicamente Turquía, también se encuentran Rusia, Bielorrusia, Sri Lanka, Indonesia y Venezuela.

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